A partir de la “Gloriosa”, revolución popular que tiene lugar en 1868 y significa el derrocamiento de Isabel II, así como la puesta en marcha de una serie de procesos desamortizadores, se suceden diversas incidencia en la propiedad de la plaza, pasando de la Corona al patrimonio del Estado por ley de 18 de diciembre de q869 y no siendo reclamado por aquélla, a diferencia de otros bienes, durante el breve reinado de Amadeo de Saboya. Tampoco la adquirirá el Ayuntamiento durante la 1ª Republica, cuando tantas propiedades salen a la venta. Por dos veces la sacó a subasta la Administración de Propiedades y en ambas quedó sin licitadores, en lo que sin duda influyó su situación de semi-ruina, con peligro de hundimiento de la balconada y podrida la madera de barreras y tendidos, según relata Cándido López y Malta, quien vaticina que pronto será “interiormente un montón de escombros”.
Por ley de 26 de Junio de 1876, tras la restauración de 1875, se la incluye otra vez en el Patrimonio de la Corona, pero Alfonso XII cederá el usufructo al municipio, que no su propiedad, el 21 de Agosto del aquel año, por lo que desde ese momento se suceden al menos intervenciones periódicas de mantenimiento a la par que se intensifica la celebración de espectáculos taurinos. El periodo de obras más intenso corresponde a los años 1876-1881, realizándose en 1885 una consolidación de la plaza que quizá pudiera corresponder, como apunta Merlos, a los pies derechos del anillo interior situados bajo las galerías. La situación jurídica se había prolongado durante el reinado de Alfonso XIII, aunque se formaliza de nuevo la cesión el 13 de abril de 1889, a la par que la propiedad de la Corona, inscribiéndose como tal en el Registro de la Propiedad el 11 de febrero de 1896. La propia Administración del Patrimonio Real acomete en 1908 las reformas estructurales que le dan prácticamente la imagen actual, aunque se mantiene el aspecto exterior de los muros revocados. Se renueva, en efecto, todo el esqueleto estructural de madera y se reduce el aforo planteando un tendido de ladrillo y piedra de Colmenar.
Con la 2ª Republica, proclamada en 1931, el Estado la administra de nuevo y, tras la guerra civil (1936-1939), se engloba en el Patrimonio Nacional, transfiriéndose al Patrimonio del Estado el 14 de julio de 1987 para, en 1990, terminar por fin como propiedad municipal.
En el ínterin tuvieron lugar otras intervenciones reparadoras no estructurales, como la que el arquitecto Pedro Rodríguez Alonso de la Puente realizará en 1960; se trata de un proyecto de reforma y saneamiento, al que sigue el de reforma de la cubierta de las edificaciones complementarias en 1969ª cargo de Agustín Ortiz García.