menos, sorprende y confunde a todos los vecinos al conocer tal acción. Quizá se les quería hacer pasar por una horca caudina. ¿O hubiera sido un bien para el pueblo sin más? ^Para asombro de todos se desvela ahora que ese terreno donde se quería edificar, había sido concedido previamente por la Reina Isabel II a don José Antonio de Madariaga, precisamente con la misma finalidad, ¡construir un edificio destinado a mercado público! La concesión había sido realizada por una Real Orden de 25 de agosto de 1847 dos años antes, y desde entonces se había mantenido en secreto. La lealtad y los servicios prestados a Palacio, o a alguna camarilla de él por el camaleónico Madariaga, tenía ahora su máxima recompensa. Sin embargo, había sido desleal a los diversos ayuntamientos de Aranjuez, a los intereses generales. Este descubrimiento hubiera merecido la separación automática del cargo de Depositario de Fondos de la corporación, pero el corregidor De la Corte no defendía en este caso los intereses municipales. Mostraba otra vez que el cargo de Alcalde-Corregidor servía para frenar estos posibles roces y para defensa de otros intereses un tanto espurios.
A primeros de enero de 1850, se acuerda en un pleno del ayuntamiento la reelección de cargos de los principales empleados municipales, y entre ellos, el de Madariaga, al que se le confirma en el suyo. Un hombre conocedor de todos los problemas que aquejan a la población, que sabe de sus anhelos y conoce todos los resortes que el ayuntamiento puede usar, y de su capacidad económica. Domina más los problemas municipales que los mismos alcaldes, porque éstos duran años en sus respectivos cargos, mientras que el suyo es por tiempo ilimitado. Así podría maniobrar en las esferas municipales, jugando a favor de sus intereses particulares. Por esta razón había solicitado y conseguido el solar para construir el mercado. Creía que podría sortear todas las dificultades para conseguirlo, y que la posible reacción contraria de los regidores pasaría una vez más. Creía tener a su lado todas las bazas favorables. Lo demás sería fácil.
Sin embargo, el Ayuntamiento endurece sus posturas, mientras que De la Corte cede en su intransigencia. Le deniega la licencia de obras y a la vez solicita de la reina Isabel la propiedad de la manzana 36, en los aledaños de la Plaza, “que está desde tiempo inmemorial dedicada a Fielatos”. Es el edificio que limita la plaza por el sur entre la calle Stuart y Postas. Su propósito, alternativo, es construir en él el Mercado Municipal. Al tiempo, sigue presionando para que la concesión del terreno efectuada a Madariaga revierta a favor del municipio. Esta es su postura: anulación de la cesión del solar, o concesión de la manzana número 36 al Ayuntamiento. Se razonaba a la Reina que era injusto donar a un particular los terrenos donde se asentaba el Mercado Municipal desde hacía muchos años, y que un simple ciudadano pudiera privatizar este servicio.
El Patrimonio empieza a reconsiderar su postura, reconociendo implícitamente la justicia que asiste al ayuntamiento. Entrega al alcalde el texto de la Real Orden de 24 de agosto de 1847, la que concedía el terreno a Madariaga para que, estudiada, se pudiera impugnar sus validez en el caso de encontrarse algún defecto de forma y fondo. Parece hallarse una solución, en forma de hacer irrealizable el proyecto del Depositario. En ese sentido parece estar redactada la nueva Real Orden de 19 de abril de 1850, por la cual la Reina ordena a Madariaga “que debe dar principio a las obras inmediatamente”, como condición para que siga teniendo validez la otra Real Orden. Ésta parece ser la salida favorable al Ayuntamiento, porque cuando Madariaga solicita al alcalde “que dicte las providencias oportunas a fin de que a la brevedad posible se trasladen a otro lugar los cajones, requisito indispensable para poder obrar inmediatamente, según se le previene”, la Corporación dará largas a la contestación para no concederle el permiso de obras. La autorización no llegara nunca y los cajones tampoco se hubieron de trasladar. Madariaga no podía construir su mercado, porque no empezaba las obras “inmediatamente”, la condición precisa para la validez de la cesión. La merced efectuada por Isabel II quedaba sin efecto inmediato, pero el problema no quedaba resuelto, sino que se postergaba.
El alcalde-corregidor Jorge de la Corte era cesado en junio de 1850 y la Reina nombraba en su lugar a don Jorge de Arteaga, persona mucho más asequible y afecta para el resto de la Corporación. Al no poder incorporarse a su cargo inmediatamente, le sustituirá un nuevo alcalde, Gabino Ruiz, en cuya provisionalidad no hemos podido precisar si era como Corregidor o como Presidente. Gabino había sido alcalde-presidente en varias ocasiones anteriores y se le consideraba como persona honesta y eficaz, muy amigo de aquilatar los fondos municipales.
Madariaga empieza a sentirse solo, desprotegido, desamparado, no se reconoce a sí mismo con la prepotencia de años anteriores. Parece ahora como si pretendiese hacer un pacto tácito con el Ayuntamiento, renunciando de forma implícita a la concesión del terreno mientras la municipalidad le conserve en el disfrute del empleo de Depositario de Fondos. El Patrimonio, sin embargo, le confirmaba en el cargo de Depositario de Granos. Envejecía a marchas forzadas. En el mes de agosto de ese mismo año, conseguía una real licencia de dos meses para tomar las aguas en Arnedillo, en La Rioja, que se repetiría en 1852 para tomarlas en las montañas de Filera,