“Exmº Señor: En la noche de ayer fue registrada la Casa del Administrador de este Real Heredamiento y buscando su persona para trasladarlo preso a la Corte, lo cual no se ha verificado por haberse ausentado, según tengo manifestado a V.E. en parte de antes de ayer.
Asimismo han sido conducidos presos en este día, a esa Capital, el Depositario de Granos de esta Administración D. José Antonio de Madariaga, y el de Materiales D. José Abades…”
Una semana después, el día 16, volvía a comunicar:
“Han regresado a este Sitio en completa libertad, el Depositario del Granos D. José Antonio de Madariaga y el de Materiales, D. José abades y Lacaba, los cuales han vuelto a encargarse de sus respectivos destinos”
Una vez más, un hombre clave de la Administración del patrimonio había estado al frente del Ayuntamiento de Aranjuez, teniendo en esta institución de subordinado a Madariaga, Depositario de Fondos. En cambio, en el Patrimonio el cargo de Depositario de Granos era, aunque en distinta jerarquía, superior en estimación y sueldo al de Materiales. Todo el poder local estaba en manos del Patrimonio: en el ayuntamiento siendo Abades superior a Madariaga, y en la Administración con éste de más elevada estimación que abades. Ahora, en 1854, cesaba a los dos de todos sus empleos.
Aun cuando Madariaga había sido expulsado en 1854, se volvía a confeccionar una hoja de servicios para que cobrase el retiro de las arcas del Real Heredamiento, reconociéndosele una antigüedad de 21 años y 6 meses, es decir. Como si hubiera estado siempre en activo. Se le asignaba una pensión equivalente al 43% de su sueldo de 7.700 reales. Cobraría 3.311 reales netos. Don José Antonio de Madariaga, soltero, viviendo en soledad, sin más familia que un sobrino, vecino de Corral de Almaguer, moría en Aranjuez el día 29 de enero de 1858, como consecuencia de un “catarro pulmonar”. Había vivido 80 años. ¿Cuántos secretos se llevaría con él?
Conocida la renuncia de Madariaga en aquel agosto de 1854, el Ayuntamiento toma la decisión de modificar el lugar de los puestos de la plaza “con audiencia previa de los facultativos titulares D. José Vázquez y Don Antero de Mata, y que el maestro alarife Don Eulogio Ruiz Tapiador forme el correspondiente plano o croquis, el cual deberá sujetarse a la aprobación del ayuntamiento, y después proceder a la alineación de los cajones mediante un riguroso sorteo”.
La drástica medida de suprimir el impuesto de consumos y los arbitrios de plaza tendría resultados catastróficos, porque el Ayuntamiento. Con esta importante merma en sus ingresos, habría de pasar un corto periodo de intensa penuria económica. Mal se podía seguir con el deseo de construir un mercado, que además no proporcionaría ingresos sustanciales, si siquiera para autofinanciar sus propios gastos de explotación y mantenimiento. Pocos meses después, cuando los efectos de la “Vicalvarada” se difuminaron, los impuestos municipales se volvieron a reponer, más el proyecto del mercado quedaba aletargado por varios años. La nueva epidemia habida en 1855, mucho más mortífera que la del año anterior, enfriaría aún más la consecución de aquella idea. Los nuevos ayuntamientos de Aranjuez no sentirían ya más preocupación con respecto a este problema que los puestos estén bien ordenados por calles y la necesidad de ampliar el número. No había ningún progreso aparente desde los tiempos del gobernador García Puertas a principios del siglo. En el año de 1867 el Ayuntamiento considera que “ofendiendo al libre paso de los vecinos y afectando al mismo tiempo al ornato público…”. Parecía calcado de la orden de Puertas hasta en lo de los “garabitos”. Ahora es Lorenzo Román el que recibe el encargo de hacer “un diseño de sombra para los puestos, a que deberán sujetarse en los sucesivos”.
Habían pasado 60 años y el problema seguía intacto.
Una nueva conmoción sufre el país en 1868. Topete levanta la Marina de Guerra en Cádiz, y junto con Prim y Serrano, le dan un vuelco político. Isabel II se exilia y en Aranjuez se vuelve a instalar una nueva Junta Revolucionaria, presidida por el mismo Fabián Fernández, que insiste inmediatamente en suprimir las tasas municipales. Estas medidas, así como los cargos de sus mentores, durarían poco tiempo.
Restablecidos ya los arbitrios en 1872, el ayuntamiento, presidido ahora por Joaquín Gullón, hace un presupuesto en el que se prevén unos ingresos por puesto de plaza de 5.000 pesetas, la nueva moneda nacional. “Cada puesto pagará seis céntimos de peseta diarios, estando abiertos y cincuenta céntimos cuando estén cerrados”. Por primera vez se confecciona un “Reglamento del Mercado Público”.